En el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el gobierno mexicano se planteó una meta ambiciosa: ampliar su capacidad de educación superior para alcanzar la meta de cobertura de 55%. Decimos que es ambiciosa por un par de motivos. Primero, porque de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, durante el ciclo escolar 2024-2025 la tasa bruta de cobertura llegó a 45.1% de la población de entre 18 y 22 años. En el mismo periodo, 2.77 millones de jóvenes que terminaron el bachillerato no continuaron con sus estudios superiores.
Es ambiciosa, también, porque para que eso suceda se necesita desarrollar infraestructura, equipar nuevos planteles y contar con los recursos necesarios para sostener su operación. Pero hay una complicación: de acuerdo con el reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], entre el 2015 y el 2023, el gasto gubernamental en educación pasó de representar 4.4% a 2.9% del PIB mexicano. México no está solo: el promedio de los países de la organización pasó de 4.4% a 4.2%.
La dimensión del desafío también tiene que ver con cómo está distribuido el sistema. Durante el ciclo 2024-2025, México registró 5.5 millones de estudiantes de educación superior distribuidos en 4,533 instituciones. De estas, 3,529 eran particulares y atendían a 2.1 millones de estudiantes [38.1% de la matrícula nacional]. Así, las instituciones privadas son una parte importante de la capacidad instalada del país y tienen un papel enorme en la ampliación y la diversificación de la oferta educativa.
Pero la apertura de nuevos campus, la ampliación de instalaciones, la construcción de laboratorios y la adquisición de equipamiento especializado implican desembolsos importantes y periodos de recuperación prolongados. A eso habría que sumar el mantenimiento de los activos existentes, la conectividad y la actualización tecnológica. Porque, además, está claro que incorporar nuevas herramientas de aprendizaje también supone costos recurrentes de mucho peso.
Para las instituciones educativas, es necesario distribuir estas inversiones a lo largo del tiempo de modo que no paralicen la operación. La expansión de un campus, por ejemplo, requiere financiar una etapa de construcción y equipamiento antes de alcanzar la matrícula prevista. Durante ese periodo, la institución debe ser capaz de cubrir sus obligaciones existentes y, simultáneamente, prepararse para recibir nuevos estudiantes. El financiamiento tendría que responder a eso: a los ciclos de matrícula, a la capacidad real de generar ingresos y al tiempo de espera de los retornos.
El crédito empresarial puede contribuir a financiar ampliaciones de infraestructura y capital de trabajo. El arrendamiento financiero puede servir para incorporar equipos y tecnología mediante pagos distribuidos durante su vida útil. Los esquemas de financiamiento estructurado pueden, por su parte, adaptarse a los flujos de ingreso particulares y establecer condiciones acordes con los plazos de recuperación de las inversiones. En Addem Capital sostenemos que, antes de elegir un instrumento, es necesario entender a profundidad la naturaleza de un proyecto, y esto también implica comprender la estabilidad de sus ingresos y su capacidad de pago.
En el sector público, la discusión es ligeramente distinta. El Programa Nacional de Educación 2026-2030 da cuenta de las dificultades que enfrenta el financiamiento de las universidades públicas. La aportación de los gobiernos estatales para estos fines varía entre 13% y 50%, dependiendo de la entidad. El documento, además, señala que los pasivos por pensiones y jubilaciones comprometen los recursos y limitan la inversión en expansión, calidad e innovación académica. Con mayor razón, es fundamental contar con mecanismos de planeación financiera que permitan dar continuidad a proyectos de infraestructura y desarrollo institucional.
La participación del capital privado y los esquemas de colaboración público-privada pueden abrir alternativas, bajo estructuras que distribuyan correctamente los riesgos y las responsabilidades. Su viabilidad depende de factores como los compromisos presupuestarios, la capacidad de generación de ingresos y algunas condiciones regulatorias. De cualquier manera, estos mecanismos deben complementar el financiamiento público y atender necesidades concretas, sin trasladar a las instituciones obligaciones que rebasen su capacidad financiera.
Tenemos claro que ampliar la cobertura educativa exige una capacidad de inversión capaz de acompañar el crecimiento de la matrícula sin perder la calidad de los servicios. Para lograrlo, las instituciones necesitan modelos financieros que articulen sus ingresos, compromisos operativos y proyectos de expansión con fuentes de capital acordes a sus horizontes de inversión. El financiamiento de largo plazo, respaldado por una evaluación rigurosa de los proyectos y una gestión responsable de los recursos, puede contribuir a que más instituciones desarrollen lo necesario para atender a cada vez más estudiantes.
