México y su nueva calificación crediticia
La reciente rebaja de la calificación soberana de México por parte de Moody’s ha sido leída principalmente como una advertencia sobre la evolución de las finanzas públicas. La interpretación es correcta, aunque incompleta. Y es que, en realidad, las calificaciones crediticias rara vez alteran por sí mismas la trayectoria de una economía. Su relevancia proviene de otro lugar: condensan en una sola evaluación una serie de preocupaciones que los mercados llevan tiempo observando y que gradualmente comienzan a modificar la forma en que se asigna el capital.
La reducción de la nota de México a Baa3, el último escalón dentro del grado de inversión, llega en un momento particularmente interesante. Durante los últimos años, la conversación económica sobre el país estuvo dominada por factores asociados a su potencial productivo. La reorganización de las cadenas globales de suministro, la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, y la necesidad de acercar procesos manufactureros a los mercados de consumo colocaron a México en una posición favorable. Hay pocas economías emergentes que combinen proximidad geográfica, integración comercial, capacidad industrial y acceso al mercado estadounidense con la profundidad que ofrece México.
La rebaja resulta llamativa porque ocurre precisamente cuando buena parte de la narrativa económica sobre México sigue concentrada en las oportunidades asociadas al nearshoring. Mientras empresas, gobiernos e inversionistas discuten la capacidad del país para atraer manufactura, infraestructura y capital productivo, las calificadoras están observando otra variable: la capacidad del Estado para acompañar ese proceso durante la próxima década.
Esto es normal: las economías suelen enfrentar dificultades cuando la velocidad de sus oportunidades supera la velocidad de adaptación de sus instituciones. Es así porque la inversión demanda capacidad, energía, financiamiento, capacidad regulatoria y recursos públicos suficientes para acompañar procesos de transformación productiva. Cuando alguno de esos componentes comienza a mostrar restricciones, la conversación sobre el crecimiento empieza a incorporar preguntas relacionadas con la sostenibilidad y la capacidad de ejecución.
En ese sentido, la rebaja de Moody’s puede interpretarse como una observación sobre el margen de maniobra del Estado mexicano. Esto no se limita al nivel de deuda pública ni al tamaño del déficit fiscal; lo que parece preocupar a las calificadoras es una combinación más compleja: un crecimiento que pierde dinamismo, compromisos de gasto difíciles de reducir, mayores necesidades de financiamiento y una capacidad cada vez más limitada para absorber shocks futuros sin deteriorar la posición fiscal.
La experiencia internacional muestra que este tipo de señales importan porque aparecen antes de los problemas más visibles. Brasil perdió el grado de inversión en 2015, después de varios años de deterioro fiscal. Colombia enfrentó un proceso similar en 2021. En ambos casos, el cambio de calificación fue menos relevante que el proceso previo de ajuste en las expectativas de los mercados.
México todavía concentra ventajas que muchos países de la región han perdido o nunca desarrollaron. La profundidad de su sector exportador, su integración con Norteamérica y la estabilidad relativa de sus principales instituciones económicas continúan siendo activos significativos. Precisamente por eso, la discusión actual importa tanto. Las oportunidades existen. La evidencia apunta a que seguirán existiendo. Pero están cambiando las condiciones bajo las cuales esas oportunidades serán evaluadas.
Durante periodos de abundancia financiera, los inversionistas suelen concentrarse en identificar mercados con potencial de expansión. Pero, cuando aumenta la percepción de riesgo, la atención se desplaza hacia la capacidad de resistir escenarios adversos. Entonces, lo que adquiere peso en las decisiones de asignación de capital es la productividad, la generación de flujo efectivo, la fortaleza operativa y la resiliencia institucional. Es decir, el crecimiento importa, pero se vuelve un argumento insuficiente por sí mismo.
Visto así, la nueva calificación de México es, además de una simple evaluación fiscal, una sugerencia de que su atractivo estructural puede permanecer intacto y aun así dejar de operar en un entorno de confianza incuestionada. Las oportunidades continúan ahí; lo que cambia es el nivel de exigencia para capturarlas. Ese ajuste suele ser gradual, casi imperceptible al principio. Incluso así [o precisamente por eso] conviene supervisarlo: en esos cambios graduales pueden definirse los ciclos de inversión de la siguiente década.
