En México, el 85% de la población adulta utiliza efectivo para realizar compras de hasta 500 pesos. Cuando el monto supera esa cantidad, la proporción desciende a 73%. El uso de otros métodos de pago ha ido en aumento, pero las cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera [ENIF] 2024 muestran que aún falta un largo camino por recorrer para que las transacciones digitales lideren las operaciones cotidianas. ¿La razón? La transición también depende de que los establecimientos estén preparados.
Observemos a los pequeños negocios. De acuerdo con los Censos Económicos 2024 del INEGI, apenas el 20% de las microempresas [aquellas con un máximo de diez empleados], manejaba una cuenta bancaria. En los establecimientos pequeños, con entre 11 y 50 trabajadores, la proporción aumenta al 82%. Solo el 24% de las microempresas reportó tener acceso a internet. Hay, pues, una correlación entre la capacidad económica y operativa de un negocio, y su posibilidad para incorporar herramientas digitales.
En septiembre de este año, un diagnóstico de FINABIEN y CONCANACO SERVYTUR analizó los efectos de esta brecha en las decisiones de los comerciantes. Entre los 894 establecimientos encuestados en 31 estados, el 74.8% ya aceptaba transferencias electrónicas. El 47.6% recibía pagos con tarjeta. Sin embargo, el 29% había perdido al menos una venta durante el último mes por no contar con el medio de pago solicitado por el cliente. Es decir, la demanda existe y los negocios reconocen su importancia comercial, pero todavía hay obstáculos para incorporarlos.
El principal reto es económico. El 35% de los comerciantes consultados identificó las comisiones como una barrera para aceptar pagos digitales. Entre quienes reciben pagos con tarjeta, los costos pueden superar el 3.6% [más IVA] por transacción. Esto, para un negocio que trabaja con márgenes reducidos, significa una deducción que debe incorporarse en los cálculos de rentabilidad. A eso se suman la adquisición de terminales, la conectividad, el mantenimiento de los equipos y la capacitación del personal. Por eso, digitalizar los cobros implica poner en una balanza cuánto puede ganar un negocio con esa alternativa y cuánto le costará mantenerla.
El 4 de noviembre se publicó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa que busca ampliar la aceptación de estos métodos de pago y faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar qué sectores y actividades tienen la obligación de transicionar hacia lo 100% digital. Además, contempla mecanismos para facilitar la interoperabilidad de los sistemas y ampliar la infraestructura necesaria. Su alcance dependerá de cómo se implemente y con qué condiciones para cada actividad económica.
Ya hay iniciativas que muestran cómo puede reducirse parte de la barrera de entrada. A través del programa Crece tu MIPYME con Pagos Digitales, la Secretaría de Economía y VISA habilitaron a un millón de empresas para aceptar pagos electrónicos, mediante terminales de cobro y la herramienta Tap to Phone, que permite utilizar un smartphone como dispositivo de pago. Si bien estas alternativas disminuyen la inversión inicial, siguen sin atender un problema central: ¿cómo financiar los costos recurrentes y adaptar la operación de cada establecimiento?
Queda claro que los pequeños negocios necesitan recursos para adquirir tecnología, cubrir gastos de operación y sostener su liquidez mientras incorporan nuevos sistemas de cobro. Los créditos pueden facilitar esta transición, siempre y cuando sus condiciones correspondan al volumen de ventas y a la capacidad de pago real de cada establecimiento. Un financiamiento diseñado para una empresa de mayor escala difícilmente responderá a las necesidades de un comercio familiar y, a la larga, puede perjudicar más de lo que aporta.
Por otro lado, existe una oportunidad que merece atención. Los pagos digitales generan registros de transacciones que pueden ayudar a conocer mejor los ingresos y los patrones de venta de un negocio. Esta información, con los mecanismos adecuados de consentimiento y protección de datos, puede complementar los criterios tradicionales de evaluación crediticia y, como consecuencia, facilitar el acceso a financiamiento de establecimientos que no cuentan con estados financieros o historiales bancarios extensos. Es una oportunidad muy relevante en un país donde, según los Censos Económicos 2024, apenas el 11% de las unidades económicas obtuvo financiamiento durante 2023.
La digitalización de los pagos puede contribuir a fortalecer el tejido empresarial mexicano, pero su expansión requiere una estructura financiera que acompañe a los negocios en cada etapa: desde la adquisición de herramientas hasta la consolidación de una operación capaz de aprovechar sus beneficios. La transición hacia una economía menos dependiente del efectivo también necesita capital. Su alcance dependerá de que los pequeños establecimientos puedan sumarse a ella sin comprometer su rentabilidad y de que encuentren en la digitalización una oportunidad real para crecer.
