Inseguridad en México: riesgo y oportunidades de inversión estructurada con impacto social

Escrito por Valeria Farres

Caminar por las calles de cualquier ciudad mexicana hoy implica enfrentar una realidad que impacta tanto a ciudadanos como a inversionistas: la inseguridad está en la mente y en los balances. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana [ENSU] de junio de 2025, el 68.5% de las mujeres y el 56.7% de los hombres mexicanos consideran inseguro vivir en su ciudad, un incremento notable respecto al 61.9% registrado apenas en marzo. 

Más allá de las percepciones, cada robo, extorsión y acto de violencia genera un costo económico directo e indirecto que impacta a toda la economía y deja una marca tangible en la confianza de los mercados y en la decisión de desplegar capital. Esto incluye gastos en seguridad pública y privada, pérdidas por crímenes, interrupciones productivas, gastos en salud y seguros, migración de talento y reducción de inversión. En 2024, el costo total de la violencia se estimó en 4.5 billones de pesos, equivalentes al 18% del PIB. Los estados con mayores índices de violencia, como Morelos, Colima y Guerrero, registran menor inversión extranjera y mayores costos operativos, mientras que entidades con menor incidencia delictiva, como Yucatán, presentan impactos económicos significativamente menores.

Para los inversionistas, la inseguridad puede parecer un obstáculo insuperable. Sin embargo, la historia muestra que incluso en contextos complejos existen herramientas para transformar el miedo en oportunidad. La deuda estructurada con impacto social ofrece precisamente esa alternativa: condiciona el retorno del capital a resultados verificables, como la reducción de delitos o la mejora de la percepción de seguridad. Dicho de otro modo, hay evidencia suficiente para decir que el capital puede empezar a trabajar para fortalecer a las comunidades.

Basta con ver ejemplos de éxito internacional para comprobarlo. En Medellín, Colombia, la apuesta por el urbanismo social –que incluyó inversiones en transporte, infraestructura pública y programas educativos en barrios de alto riesgo– resultó en una reducción sostenida de homicidios que llevó a la tasa más baja en cuatro décadas, con 11.7 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2024. Mientras tanto, la revalorización de los activos urbanos sirvió para impulsar la economía local: el valor promedio del suelo en las zonas intervenidas aumentó entre 75% y 120% entre 2010 y 2020.

En Reino Unido, la iniciativa de los Social Impact Bonds aplicados a la reducción de reincidencia en Peterborough logró una disminución del 9% en la reincidencia entre reclusos de corta condena, cifra que superó el objetivo inicial del 7.5%, y generó retornos del 3% anual para los inversionistas. Incluso en Brasil, proyectos que combinaron infraestructura, educación y empleo en barrios de alto riesgo lograron descensos medibles en delitos violentos y fortalecieron la actividad económica local.

Ahora toca imaginar esto en México. Toca imaginar un barrio en donde la luz de las calles sea constante, donde la juventud tenga acceso a educación y empleo, donde la tecnología ayude a prevenir delitos antes de que ocurran. Visualizar esto es igual a decir que un inversionista que participa en un proyecto con impacto social, más allá de obtener un retorno financiero, está contribuyendo a que disminuya la percepción global de la inseguridad, a que la prima en riesgo local baje y a que las empresas puedan operar en un entorno más predecible. Es crear un ciclo donde la seguridad genera confianza, la confianza atrae capital y el capital refuerza la seguridad.

El reto no es menor. Para que estas iniciativas funcionen, deben diseñarse con medición independiente, indicadores claros de desempeño y mecanismos de protección de capital, como capas de riesgo y pagos condicionados a resultados. Esto no quiere decir que debamos sustituir la acción pública; antes, se trata de complementarla con instrumentos financieros que conviertan la cautela de los inversionistas en acción productiva y social.

La inseguridad, entonces, puede dejar de ser solo miedo y convertirse en un activo que, si se gestiona con visión y disciplina, tiene el potencial de convertirse en una oportunidad para crecer como país y proteger el capital al mismo tiempo. En Addem Capital, creemos que la seguridad puede y debe ser un activo financiero porque la inversión estratégica en infraestructura urbana segura, educación y prevención del delito hace más que proteger a las comunidades: protege al capital, fortalece la confianza en los mercados y establece un círculo virtuoso donde estabilidad y rentabilidad se refuerzan mutuamente.


Fuentes:


Valeria Farres
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